La Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay presentó ante la Suprema Corte de Justicia una denuncia formal por "situaciones de violencia y acoso laboral" en la Dirección General de Servicios Administrativos (DGSA), desencadenadas a raíz del fallecimiento de José Luis, un trabajador de esa dependencia. AFJU exigió el cese inmediato del director Marcelo Pesce y presentó documentación sobre las irregularidades de Alzer Arezo —responsable del área— a quien también denunció penalmente junto al actuario Ignacio Wilf. En la reunión con la presidenta de la Suprema Corte, Doris Morales, el sindicato entregó el expediente completo con los hechos documentados e informó que Arezo sería expulsado del sindicato el 28 de noviembre. El Consejo Ejecutivo de AFJU se declaró en sesión permanente para evaluar medidas adicionales mientras la SCJ aguardaba la denuncia formal para solicitar informes a los involucrados.
Por segunda vez en pocos días, AFJU convocó a un paro parcial (14:00–16:00 hs en Montevideo) y anunció un tercer paro nacional para el miércoles siguiente. Las medidas responden a la inacción de la Suprema Corte ante las denuncias por violencia y acoso laboral en la DGSA, que incluyeron el fallecimiento de un funcionario. AFJU exigió el cese inmediato del director Marcelo Pesce y de su entorno, y mantuvo las medidas hasta obtener respuesta institucional.
Marcelo Pesce presentó su renuncia a la Dirección General de Servicios Administrativos del Poder Judicial después de que la presidenta de la Suprema Corte, Doris Morales, declarara públicamente que había "perdido la confianza" en él. La renuncia se produjo tras los reiterados paros y la presión sindical de AFJU, que continuó exigiendo acciones contra Alzer Arezo e Ignacio Wilf, quienes permanecerían en licencia mientras avanzaba la investigación administrativa.
La Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay anunció el estado de preconflicto como respuesta a los cambios en el reglamento de licencias por enfermedad implementados unilateralmente por la Suprema Corte de Justicia. El sindicato rechazó la modificación por considerarla contraria a los derechos adquiridos por los funcionarios y a la negociación colectiva, y advirtió que tomaría medidas de fuerza si no se revertía la situación.
Una campaña de recolección de firmas convocó a jueces, defensores públicos y compañeros judiciales de todo el país para oponerse al cierre de juzgados de paz. AFJU participó activamente en la iniciativa, que reclamaba mantener la presencia judicial en el interior del Uruguay y garantizar el acceso a la Justicia en todos los departamentos del país, especialmente en los más alejados de la capital.
La Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay alertó que el artículo 4 del proyecto de Presupuesto Nacional, aprobado en la Cámara de Diputados, congelaba de hecho los salarios de los compañeros judiciales durante cinco años. El sindicato explicó que la norma —que impedía incrementos por encima del salario de un ministro de Estado— afectaba el enganche histórico de los salarios judiciales y realizó un llamado a los senadores para que revisaran el artículo antes de la votación definitiva.
La Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay fue fundada el 5 de julio de 1943, convirtiéndose en una de las organizaciones sindicales más antiguas del sector público uruguayo. A lo largo de más de ocho décadas, AFJU ha representado los intereses de los trabajadores del Poder Judicial ante las autoridades nacionales, el Parlamento y los organismos internacionales, construyendo una historia de lucha por la dignidad laboral, la salud en el trabajo y el acceso igualitario a la Justicia para todos los uruguayos.