La Intergremial Judicial —que agrupa a magistrados, notarios, informáticos y funcionarios administrativos— realizó un paro nacional de 24 horas y se movilizó hasta las puertas del Senado el 27 de noviembre de 2025, mientras los legisladores debatían el proyecto de Presupuesto Nacional 2025–2029. Pablo Elizalde, secretario general de AFJU, afirmó que el proyecto "no atiende las problemáticas del Poder Judicial" y advirtió que representa "la asignación presupuestal más baja de la historia" del sector. Elizalde comparó la situación del Poder Judicial con la del Parlamento: mientras éste cuenta con casi 5.000 funcionarios en 500 dependencias nacionales, los recursos asignados a la Justicia son insuficientes para garantizar una atención de calidad a la ciudadanía. La Intergremial entregó una carta a la vicepresidenta Carolina Cosse detallando las consecuencias de la subfinanciación: falta de profesionales para pericias, desborde de expedientes por exceso de carga laboral y deterioro del servicio público de Justicia. Durante el paro, todos los locales judiciales permanecieron sin funcionar.
El 28 de noviembre, entre las 8:00 y las 18:00 horas, los afiliados de AFJU eligieron a los integrantes del Consejo Ejecutivo para el período 2025–2026 a través de la plataforma eligeafju.uy, con dos listas habilitadas. El proceso fue organizado por la Comisión Electoral con plenas garantías democráticas y acceso igualitario para todos los afiliados del país.
La delegación de AFJU compareció ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados exigiendo que el Poder Judicial pase del 1% al 2% del presupuesto quinquenal. Pablo Elizalde señaló que el gobierno propone "ajustar rubros, pero no crear cargos", pese a que la Suprema Corte había solicitado 24 nuevos juzgados —de los cuales el Ejecutivo incluyó apenas dos en su proyecto.
El Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) y AFJU anunciaron una campaña especial vigente en marzo y abril de 2026: préstamos con tasas bonificadas y plazos extendidos, opciones para regularizar deudas con descuentos, beneficios en tarjetas de crédito y acceso a instancias de educación financiera para todos los trabajadores del Poder Judicial.
La Suprema Corte de Justicia destituyó a Alzer Arezo e Ignacio Wilf —director y adjunto de la Dirección General de Secretaría Administrativa— por acoso laboral, y derivó las actuaciones a la Fiscalía. La causa fue impulsada por AFJU, que denunció la situación en representación de los trabajadores afectados y reclamó que este fallo sea el inicio de una política de tolerancia cero al acoso en el Poder Judicial.
Tras años de reclamo sindical, el Poder Judicial aprobó la creación de una Oficina de Salud Laboral con equipo interdisciplinario (psiquiatras, psicólogos, médicos de familia y asistentes sociales). El dato que impulsó el logro: el 80% de las certificaciones médicas en el Poder Judicial corresponden a problemas psicológicos o psiquiátricos, las cifras más altas del Estado uruguayo.
La Suprema Corte de Justicia implementó de forma unilateral un nuevo sistema de licencias médicas que AFJU calificó de "intempestivo y discriminatorio" hacia los funcionarios administrativos. El sindicato anunció que convocará a la SCJ ante el Ministerio de Trabajo y denunciará la medida ante la OIT por afectar derechos adquiridos de los trabajadores.