Informe de los Asesores Letrados de AFJU

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SRES. MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO DE AFJU

Se nos reclama la realización de un informe acerca de una propuesta
realizada por el abogado Donnagelo.
Plantea una serie de puntos y conclusiones, absolutamente controvertibles. Constituyen un cúmulo de obviedades, desaciertos y opiniones interesadas, ausente de todo nivel profundo de análisis. Se adentra a velocidades portentosas, sin ambages ni rubores, en el territorio del más profundo desconocimiento jurídico en general y del tema que trata en particular.
Corresponde analizar: a) el planteamiento que hace del tema y las conclusiones a las que arriba; b) las soluciones que propone.
A) PLANTEAMIENTO DEL TEMA.
1) Así, dice que el enganche de los salarios de los funcionarios judiciales se encuentra garantizado por el art. 85 de la ley de la Judicatura No. 15.750. Más allá de que con lo dicho revela desconocimiento de la existencia de la Ley de Presupuesto Nacional Nº 17.930 arts. 389 y siguientes, (que es la única que establece una proporcionalidad en los salario del inciso), remata este primer capítulo diciendo que con la eventual aprobación del Convenio “no existirá alternativa alguna de reclamar que vuestros salarios sean incrementados en la misma proporción en que lo sea el salario de los Ministros de Estado”. Esta afirmación es falaz por donde se la mire.
La aprobación o el rechazo del Convenio no tienen vinculación alguna con la vigencia de la escala porcentual.
La aprobación o el rechazo de este o de cualquier otro Convenio, jamás podrán determinar, condicionar, limitar o restringir ninguna alternativa de reclamo que realicen los funcionarios judiciales, ahora o en el futuro, sobre la cuestión de su salario, o sobre cualquier otra.
Suma además, un completo desconocimiento sobre la existencia de la Ley de Negociación Colectiva para Funcionarios Públicos que incluye al Poder Judicial.

2) En el capítulo b) segundo lugar, dice que “no se prevé que en caso de incumplimiento del Convenio por parte del Estado, los funcionarios judiciales puedan optar por tener por rescindido el Convenio y continuar con la ejecución forzada de la sentencia judicial”.
Este párrafo es inefable. Plantea la derogación lisa y llana de la cláusula resolutoria tácita contenida en todo contrato (art. 1431 del C. Civil), a nuestro respecto, así como de cualquier mecanismo de denuncia de cualquier convenio colectivo, desconociendo las normas de derecho positivo vigentes que regulan estos aspectos. La afirmación constituye un fallo jurídico inexcusable, temerario y malicioso, cuya finalidad inocultable es sembrar el caos.
Resulta obvio, que no estamos frente a un convenio todavía sino frente a las bases de uno futuro que vamos a suscribir si es que los trabajadores judiciales así lo deciden. Analizar el proyecto o bases establecidas en el Ministerio de Trabajo, como un convenio definitivo, supone una ignorancia sobre el tema que exime de cualquier otro comentario.
Por otro lado, ¿qué camino continuará este abogado para obtener una “ejecución forzada de la sentencia Judicial” contra el Estado? ¿Otra demanda internacional a precios promocionales y en cómodos pagos? ¿Inventará algún otro?
Desde su atalaya, construido a su escala, Pulgarcito otea su entorno, y desde su visión, pequeña y miope, enseña que la propuesta es insuficiente. Habla de renuncia inaceptable de derechos. Naturalmente, también desde su centro más sensible, él se postula como solución a todo este problema que se viene desarrollando desde hace 7 años, tras tres demandas por Cobro de Pesos, (ganadas sin su concurso), y cinco Acciones de Inconstitucionalidad de diferentes leyes, (en las que no tuvo arte ni parte, ni ofreció salida alguna), llevadas adelante por AFJU, con la oposición más férrea de todos los Poderes del Estado.
Claramente atenta contra nuestra organización sindical sin el más mínimo escrúpulo, erigiéndose como el salvador de la situación, a upa del trabajo terminado de otros y el sacrificio de los trabajadores.
Lo cierto es que el camino recorrido últimamente por Afju, que culmina con la propuesta del P.E., es el elegido libremente por la masa de trabajadores, quienes mandataron a sus directivos a celebrar conversaciones, las cuales arrojaron como resultado final, el proyecto de acuerdo.
Lo cierto es también, que el fruto de las negociaciones llevadas adelante por el propio gremio, los trabajadores han decidido plebiscitarlo, y que el resultado que la consulta arroje, será únicamente el conjunto de funcionarios quien le dará una causa y un destino.
El autor del informe así, hablando sobre cuestiones ajenas, sin que nadie reclame su opinión, despreciando el derrotero elegido por el colectivo judicial, se pinta como el más perfecto ejemplo de desubicación.
B) LAS OBVIEDADES Y CONCLUSIONES DEL INFORME.
Como relleno, el informe en análisis maneja, como máximas verdades, una serie más o menos inconexas de razones para seguirlo en su cruzada.
El autor se revela como clarividente. Augura dificultades para negociar y obtener futuras mejoras salariales. Necesariamente se infiere que tales obstáculos no se habrán de presentar, de seguir el funcionariado judicial en pleno, la solución que él aporta, a plazos y en módicos pagos. La salida propuesta por Donnangelo no evitará ninguna de estas dificultades Éstas siempre han acompañado a los judiciales en todas y cada una de sus reivindicaciones, y no han sido óbice de resonantes éxitos alcanzados.
Descubre el informante que nos es aplicable el art. 45 del Código General del Proceso, sobre litisconsorcio activo facultativo y propone como solución el reclamo individual o de a grupos para ejecutar la sentencia en virtud de lo dispuesto en el art. 15 inciso primero.
3) LAS SOLUCIONES PROPUESTAS. La intromisión de este abogado, grosera y ordinaria, sin que lo llamen, en un problema que le es por completo ajeno nos habilita a interpretar que la propuesta que intenta es una burda maniobra, para recaudar dinero, generar honorarios a costa de una posición que no solo no conducirá a nada, sino que perjudicará al resto de los compañeros que permanezcan en el juicio de forma colectiva.
En efecto, el desmembramiento del juicio no conducirá al cobro individual de la sentencia. Sostener lo contrario es una enorme inocentada, partiendo de la base de que quien así piensa, lo hace de buena fe.
Por el contrario constituirá un retroceso procesal a través de la presentación de cientos de escritos, solicitudes de informe a contaduría y libramientos de órdenes de oficio que jamás serán pagas, todas trabas que harán vencer el ejercicio presupuestal 2018 sin que se trate en el parlamento la forma de pago de nuestra sentencia.
Mientras tanto el mágico informante irá percibiendo de sus incautos clientes, tal como lo hiciera en un anterior emprendimiento inconducente y frustrante, el precio de la vana esperanza ofrecida, en cómodas cuotas-
La propuesta del informante, daña (en tiempo presente) a la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay en todo sentido, tiene un ánimo antisindical y no conducirá al cobro de ninguno de los trabajadores que burlados en su buena fe, lo sigan en este emprendimiento.
Proponer a los funcionarios judiciales en general, mayormente afiliados a AFJU, el litigio independiente, es atentar lisa y llanamente, contra nuestra organización sindical, y, se reitera y se remarca, sin ninguna posibilidad de cobro.
En definitiva, procurar la ejecución parcial de la sentencia de condena sea en forma individual o de a grupos, beneficia única y exclusivamente al abogado patrocinante de las mismas.
Por el contrario perjudica a todos los trabajadores judiciales litigantes en general y a la AFJU en particular como organización sindical promoviendo su debilitamiento.
El informe en cuestión, constituye un acto antisindical repudiable y un claro ataque a la AFJU, la que deberá denunciar en los ámbitos que correspondan la conducta ética asumida por el informante.

Roberto Rinaldi'- Fernando Abdalal.

Montevideo, diciembre 27 de 2017.